Pilar Martínez, letrada experta en Medio Ambiente, reivindica la necesidad de que los planes de gestión que desarrollan Red Natura cuenten con los ciudadanos y colectivos afectados

Pilar Martínez Abogados, despacho especializado en Medio Ambiente y Urbanismo, reivindica la necesidad de que los planes de gestión que desarrollan Red Natura, tras el recurso presentado por APAG Extremadura ante el Tribunal Superior de Justicia extremeño (TSJEx) contra el decreto que regula esta Red Ecológica Europea, cuenten con los ciudadanos y colectivos afectados para lograr un desarrollo medioambiental sostenible y asegurar el futuro de Red Natura.

La letrada incide en que  “la declaración de un territorio como espacio protegido afecta gravemente a los derechos de propiedad y a otros bienes y derechos previamente consolidados por los afectados, ya que llega a limitar, incluso, la libre circulación por las propias fincas, muchas de las cuales constituyen el único medio de vida y sustento de los afectados y sus familias”.

En este sentido, la abogada señala que Europa impone a través de la Directiva Hábitats, “unas obligaciones o condiciones de conservación que, de ningún modo, llegan al rigor de las normas españolas” y, en todo caso, añade, “la UE exige que se establezca una previsión económica y presupuestaria para indemnizaciones y se garantice la participación ciudadana”.

Pilar Martínez señala que Red Natura 2000 afecta a 1,2 millones de hectáreas en Extremadura, muchas de ellas dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas. No obstante, insiste, “son muchos los incumplimientos que se han producido y se siguen produciendo en la elaboración de estos planes, su definición territorial, el análisis de las necesidades reales de conservación o la repercusión para el desarrollo de la zona”.

“En la mayoría de estos planes se hace recaer exclusivamente sobre las economías y patrimonios de los particulares la carga de la conservación, mientras que las ayudas y subvenciones que vienen de Europa, se reparten entre los movimientos ecologistas”, sostiene Pilar Martínez, quien añade: “Es evidente que el primer coste de la conservación es el de compensar e indemnizar a aquellos que, en beneficio de toda la sociedad y a fin de contribuir a la defensa del interés público de la conservación, ven restringido hasta límites inimaginables el uso de sus propiedades y sus derechos como dueños”.

Pilar Martínez recuerda que la Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción a España con motivo de estos incumplimientos “de cuyas posibles consecuencias económicas negativas deben responder quienes han hecho las cosas mal o se han saltado las normas legales”,

Con 20 años de experiencia de Derecho Medioambiental, la letrada recuerda que la Directiva Hábitats no solo establece unos criterios de conservación, sino que también exige la previsión de alternativas y planes de desarrollo sostenible para las zonas a las que afecta. “La desgraciada realidad es que tales planes de desarrollo sostenible no existen o, en caso de existir, no pasan de ser mera retórica de futuribles que, hasta el momento no han llegado a producirse”, asegura Pilar Martínez.

Finalmente, la letrada asevera: “El coordinar ambos intereses, la conservación necesaria y el imprescindible desarrollo y crecimiento de los pueblos requiere un examen profundo y riguroso de las necesidades en ambos aspectos, lo que no se ha hecho hasta ahora”. En este sentido, añade: “Las decisiones poco reflexivas en materia conservacionista, imponiendo muy serias restricciones, pueden suponer la condena al subdesarrollo y abandono de la población rural en un amplio territorio español y esto no es lo que propone la Directiva hábitat”.