El titular de Economía ha destacado que se trata de un proyecto de ley amplio “y muy complejo técnicamente” que ha requerido “un trabajo jurídico magnífico” por parte de los funcionarios que se han encargado de dar forma al texto.
El punto de partida del proyecto de ley ha sido un primer borrador que se redactó en la pasada legislatura y sobre el que la Consejería de Economía e Infraestructuras comenzó a trabajar en 2015.
Asimismo, ha informado de que la elaboración de una nueva ley sobre esta materia era una demanda importante del sector, ya que la ley de 1998, pese a ser “pionera y muy avanzada”, necesitaba ser adaptada y “modernizada”. No obstante, del texto de 1998 se mantiene “lo que sigue siendo útil”, ha dicho.
Navarro ha insistido en que el proyecto “es fruto del consenso y del diálogo con las uniones de cooperativas del sector”, con las que se ha llegado a “un acuerdo total”, además de informar a los grupos parlamentarios antes y después del dictamen del Consejo de Estado, por lo que éstos ya lo conocen y han podido realizar aportaciones.
El consejero ha recordado la importancia de las sociedades cooperativas en la economía de la Comunidad Autónoma, especialmente en los sectores agroindustrial y agroalimentario, unas entidades que tienen que competir con grandes empresas privadas por los mismos mercados y los mismos clientes.
Por ello, ha subrayado, uno de los objetivos del proyecto de ley es que las cooperativas puedan competir en condiciones de igualdad sin perder ese carácter diferenciado.
NOVEDADES DEL PROYECTO DE LEY
Por lo que respecta a los aspectos más relevantes del proyecto, el titular de Economía ha destacado que se mantienen los caracteres diferenciadores de las sociedades cooperativas, es decir, los socios tienen la doble condición de que aportan capital social y realizan actividad cooperativizada.
El texto establece una definición clara de la actividad cooperativizada y regula la web cooperativa que sirve para comunicarse oficialmente con los socios por medios electrónicos.
Asimismo, se establece la posibilidad de que las distintas secciones tengan patrimonio separado y contabilidad independiente si los estatutos así lo determinan. Esas secciones, a su vez, pueden realizar una determinación y distribución del resultado diferente.
Se regulan también los diferentes tipos de socios, calificando como figura principal la del socio común (el que realiza actividad cooperativizada y tiene derecho a participar en la gestión), se suprime la figura del socio honorífico y se establece la de socio inactivo, y se introduce también la figura del socio colaborador.
Por otra parte, se establece el voto plural salvo que los estatutos opten por el voto unitario. En las cooperativas de trabajo asociado se establece como criterio general el voto unitario.
Además, se admiten como modalidad dentro del órgano de administración, en cooperativas con diez o menos socios, la figura del administrador único o varios administradores que pueden actuar de forma mancomunada, y se establece la posibilidad de contar con consejeros no socios.
Navarro ha señalado también que se introduce la posibilidad de contar con consejeros delegados o comisiones ejecutivas como órganos de delegación permanente del Consejo Rector de las sociedades cooperativas.
El consejero ha puesto especial énfasis en que todo el texto del proyecto de ley está impregnado por el concepto de flexibilidad, es decir, la posibilidad de que se pueda optar, sin renunciar al espíritu cooperativo, por las alternativas que mejor se adapten a las necesidadesde de cada sociedad.
Por lo que respecta a la igualdad de género, otro de los aspectos destacados es la obligación de que las sociedades cuenten en su Consejo Rector con, al menos, un número de mujeres proporcional al del número de socias con que cuente la cooperativa.
El consejero ha avanzado también que el Fondo de Reserva Obligatorio de pasa a ser “irrepartible” en un 50 por ciento pero será “repartible” como máximo en otro 50 por ciento.
Por otro lado, se crea la figura del grupo cooperativo (para grupos a los no resulte eficiente la cooperativa de segundo grado) y el acuerdo intercooperativo.
Asimismo, incide en la figura de la “descalificación” para evitar que empresas que pretendan ser “falsas cooperativas” se acojan a esta figura sin una causa real que lo justifique
AYUDAS DEL AEPSA
En relación con otros asuntos aprobados en la sesión de hoy, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha destacado la convocatoria de las ayudas a entidades locales de la Comunidad Autónoma para la cofinanciación de obras o servicios de interés general y social acogidos al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA), con una dotación de 5.445.927 euros.
La previsión de la Junta de Extremadura, ha señalado Gil Rosiña, es que se pueda atender un total de 485 expedientes de 366 entidades locales de la región y que se puedan beneficiar unos 35.500 trabajadores.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades locales que, a su vez, hayan sido destinatarias en el ejercicio de 2017 de las ayudas para la contratación de trabajadores que otorga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dentro del AEPSA.
De acuerdo con la orden de convocatoria, se considerarán subvencionables los gastos para la adquisición de materiales, incluidos sus portes y embalajes, así como aquellos otros ocasionados por el empleo de medios auxiliares necesarios para la ejecución de las distintas unidades de obra o servicios.
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se declara Zona Regable Singular una superficie de 1.318 hectáreas de los términos municipales de Aldeanueva del Camino, Gargantilla, Segura de Toro y Casas del Monte, en el Valle del Ambroz.
Esta declaración se basa en recientes estudios realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, con el fin de valorar las posibilidades de transformación en regadío de la zona, basadas en la utilización de recursos hídricos disponibles procedentes de la Presa de Baños de Montemayor.
La portavoz del Ejecutivo ha recordado las últimas medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno en relación con la creación de nuevos regadíos, como son la licitación del proyecto para la transformación en regadío de 15.000 hectáreas en Tierra de Barros y la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno para financiar la puesta en regadío de una parte de la finca comunal de la localidad.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención directa, por importe de 82.000 euros, a la Diputación Provincial de Badajoz, para la creación, funcionamiento y mantenimiento de una oficina para la gestión urbanística y de ordenación del territorio, vivienda y arquitectura, al servicio de los municipios pertenecientes a la zona de Don Benito – Villanueva de la Serena.
Esta oficina de gestión urbanística se suma a las 22 que ya hay en la Comunidad Autónoma, según ha informado Gil Rosiña.
En el ámbito de la Presidencia de la Junta de Extremadura se ha aprobado un decreto por el que se convocan las subvenciones destinadas a proyectos de formación práctica de jóvenes cooperantes, mediante estancias formativas, con un presupuesto de 200.000 euros.
Se pretende con la convocatoria de estas subvenciones mejorar la capacitación y fomentar la implicación en acciones de cooperación internacional para el desarrollo, o de educación para el desarrollo, de personas con edades comprendidas entre 18 y 35 años mediante estancias formativas que les permitan un conocimiento y participación directos
