La asociación valora positivamente el voto favorable del parlamento autonómico para evitar el perjuicio que este tipo de establecimientos causa a los consumidores, que pueden implicar una limitación de sus derechos y provocar situaciones de grave inseguridad y peligro por la naturaleza volátil del producto que se comercializa.
Sin embargo, FACUA considera que el texto aprobado es insuficiente, dado que sólo recoge la obligación de atención en gasolineras en horario de 7:00 a 22:00. Es imprescindible que las estaciones de servicio cuenten con personal durante todo su horario de apertura, para garantizar así los derechos anteriormente mencionados, valora la asociación.
Asimismo, la nueva norma indica que «las personas con alguna discapacidad que les impida el suministro de combustible en régimen de autoservicio serán atendidas por la persona responsable de las instalaciones». FACUA entiende que cualquier persona que lo solicite debe ser atendida de forma inmediata por personal físico de la estación de servicio.
FACUA mostró su preocupación por la proliferación de este tipo de centros ante la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura el pasado mes de abril. En esta comparecencia, el delegado territorial de la asociación en Extremadura, José Manuel Núñez, mostró su rechazo a las gasolineras desatendidas y pidió una mayor protección para los consumidores en este sentido.
La asociación confía en que la nueva medida acabe con este tipo de establecimientos en la comunidad autónoma y recuerda que ya presentó dos denuncias ante el Instituto de Consumo, dependiente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, y ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas, dependiente de la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura.
Imposibilidad de verificar combustible, ausencia de factura…
FACUA insiste en que la ausencia de personal provoca, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, entre otras cuestiones. Además, si la gasolinera no cuenta con personal se vulnera especialmente la protección de las personas con algún grado de discapacidad física, que se ven discriminados y obligados a buscar alternativas de uso.
Estas estaciones de servicio que no cuentan con ningún tipo de personal que atienda a los consumidores, suponen también un enorme riesgo contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos es nula, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes.
La asociación insiste en que la competencia y los nuevos modelos de negocio que operan en el mercado no puede atentar contra la protección de los derechos de los consumidores, especialmente cuando pueden verse afectados usuarios que por sus circunstancias físicas y/o personales pueden encontrarse especialmente desprotegidos, impidiéndoles el acceso a servicios esenciales.
FACUA también ha planteado formalmente ante el resto de servicios de consumo y de energía autonómicos de España sus reivindicaciones en relación a las gasolineras desatendidas. Además, en algunos territorios, caso de Andalucía, está actualmente colaborando con otros colectivos con el objeto de paralizar la proliferación de este modelo de negocio.
