En la iniciativa se reclama que esas medidas sean coordinadas por la Delegación del Gobierno en la región y la lleven a cabo la Brigada del Juego y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
También se solicita la colaboración de las administraciones autonómica y local, en el ámbito de sus competencias, mediante el ejercicio de funciones de apoyo y asistencia a los funcionarios y a los miembros de la Brigada de Juego encargados del control y la inspección.
El diputado del PSOE Jorge Amado ha dicho que es preciso luchar contra prácticas ilegales como la venta de boletos de lotería «sin ninguna garantía», lo que perjudica a los consumidores y a los propios trabajadores.
A su juicio, es un problema de orden público que debe ser atajado inmediatamente.
A su vez, el del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha señalado que las administraciones tienen sus propias competencias en la materia, a lo que ha agregado que debe haber una cooperación entre las administraciones públicas, la central, las autonómicas y las locales.
Ha dicho que están de acuerdo con «el fondo» de la iniciativa pero que las medidas deben ser tomadas en los órganos competentes.
Por parte, la de Podemos Irene de Miguel ha aseverado la Ley regula los operadores del juego ya que, entre otras cuestiones, cumplen con el fisco y crean empleo en condiciones reguladas, mientras que la venta ambulante no cuentan con trabajadores regularizadas y no aportan nada al erario público.
También ha intervenido la diputada de Ciudadanos (C’s), María Victoria Domínguez, que ha dicho que hay que cumplir la legislación y adoptar todas las medidas posibles contra el juego ilegal.
