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La Fiscalía intenta sacar del banquillo al hermano de Sánchez y desata un terremoto judicial en Badajoz

La acusación popular denuncia un “blindaje político” mientras la Audiencia mantiene vivo el caso.

Redacción DEx, Tribunales, 28 de mayo de 2026. 

Nuevo giro explosivo en el caso que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. La Fiscalía ha solicitado formalmente su exclusión definitiva del juicio oral alegando que el presunto delito que se le atribuye sería “leve” y, además, estaría ya prescrito. La maniobra ha provocado un fuerte choque jurídico y político en plena celebración de las cuestiones previas en la Audiencia Provincial pacense.

La representante del Ministerio Público se ha adherido a la petición de sobreseimiento planteada por la defensa de David Sánchez, sosteniendo que el delito de aceptación de nombramiento ilegal recogido en el artículo 406 del Código Penal conlleva únicamente penas de multa de tres a ocho meses y prescribe al año.

Según la Fiscalía, no existiría “conexidad material” ni “continuidad delictiva” entre la actuación de David Sánchez y las supuestas irregularidades cometidas en la creación de su puesto dentro de la Diputación de Badajoz. En su argumentación, insiste en que se trata de un “delito instantáneo”, independiente de las posibles prevaricaciones administrativas investigadas.

La Fiscalía pide también aliviar la situación procesal de Gallardo

La ofensiva jurídica del Ministerio Público no se ha limitado al hermano del presidente del Gobierno. También ha respaldado parcialmente las tesis de la defensa del presidente de la Diputación de Badajoz y ex líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, denunciando una supuesta vulneración de su derecho de defensa.

La fiscal sostiene que Gallardo habría sido incorporado al procedimiento abreviado por hechos nuevos relacionados con la creación del puesto de David Sánchez sin haber declarado previamente sobre ellos durante la instrucción judicial. “Nadie puede ser acusado sin que se le haya oído”, defendió la representante del Ministerio Público ante la sala.

Por ello, la Fiscalía solicita la nulidad parcial del auto y reclama que Gallardo quede fuera del procedimiento respecto a esos hechos concretos.

Las acusaciones populares cargan contra las defensas

Frente a las pretensiones de nulidad y archivo, las acusaciones populares han respondido con dureza. El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, defendió la imparcialidad de los magistrados y criticó que las defensas intenten desacreditar constantemente el trabajo judicial.

“La sala ha sido impoluta en este procedimiento. Que se rechacen recursos no significa parcialidad”, afirmó durante la vista celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Las acusaciones recuerdan además que la propia Audiencia decidió abrir juicio oral tras apreciar indicios suficientes para sentar a los investigados en el banquillo. Algunas de las penas solicitadas alcanzan los tres años de prisión.

El caso se mezcla con las supuestas “cloacas” del PSOE

El procedimiento ha adquirido aún mayor dimensión política tras conocerse diversos autos judiciales que apuntan a maniobras para desacreditar a la magistrada instructora, Beatriz Biedma.

Según las investigaciones, la trama atribuida a Leire Díez habría intentado desactivar el procedimiento judicial mediante presiones y denuncias dirigidas contra jueces de Badajoz. Entre las maniobras investigadas figuraría incluso la utilización del exmarido de la magistrada para provocar conflictos judiciales que permitieran anular el caso.

Pese a ello, la juez Biedma logró cerrar la instrucción y llevar finalmente a David Sánchez ante la Audiencia Provincial.

El juicio continuará el lunes

La sesión de este jueves se ha centrado exclusivamente en las cuestiones previas. Será el próximo lunes cuando la Audiencia Provincial de Badajoz resuelva las solicitudes de nulidad, sobreseimiento y exclusión planteadas por las defensas y respaldadas parcialmente por la Fiscalía.

Mientras tanto, el caso sigue elevando la tensión política y judicial alrededor del entorno del presidente del Gobierno, en uno de los procedimientos más incómodos para el PSOE en Extremadura.

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