Vergeles ha calificado la sentencia de “demoledora” contra la resolución del SES en 2013, de la cual se desprendió la penalización a las empresas que formaban parte de la UTE para realizar dichas obras. Dado que la sentencia es “clara” y “contundente” el consejero ha manifestado la intención de no apelar al Tribunal Supremo y ha puesto de manifiesto la intención de la Junta de Extremadura de resarcir el daño producido a las empresas, con las que desde el SES se han abierto negociaciones para que la indemnización sea justa a la vez que perjudique del menor modo posible a los ciudadanos.
El responsable de Sanidad ha recalcado que el TSJEX ha recalcado que el retraso en las obras no era achacable a las empresas, sino a la intención de los responsables del SES en aquella fecha, que pretendían parar las obras y finalmente cambiar los planes de distribución de espacios y uso de la instalación sanitaria.
Otro de los puntos a destacar en la decisión judicial es el reconocimiento de que los responsables del SES detuvieron el curso de la construcción mediante la resolución adoptada, y así pusieron en riesgo la finalización del hospital. El alto Tribunal extremeño considera que no había motivos para rechazar el segundo modificado solicitado por la UTE de empresas.
INDEMNIZACIÓN
Vergeles ha calculado el coste que supondrá para las arcas extremeñas en concepto de indemnizaciones en 2’4 millones de euros. Para el consejero el desfase entre la inversión prevista y la inversión final destinada a la creación del centro sanitario asciende a seis millones de euros, debido a los deterioros producidos y a los retrasos en la construcción; de este modo el coste pasa de los nueve millones presupuestados inicialmente hasta alcanzar los 15 millones de euros. Además ha cifrado en 700.000 euros el agujero que supondrá en las cuentas del SES. No obstante, Vergeles ha recalcado que la primera fase del Hospital estará finalizada en 2018.
El consejero ha puesto de manifiesto además que las empresas se vieron penalizadas injustamente, porque hubo que inscribirlas en el registro de licitadores con los que no se puede contratar.
