La Unión de Extremadura ha exigido a la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera y a los consejeros de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y de Sanidad, Begoña García Bernal y José María Vergeles, respectivamente, «coordinación» para evitar los robos en el campo.
De esta manera, la organización agraria ha afirmado que «como todos los años» se está produciendo una «descoordinación» entre la Delegación del Gobierno, «responsable de las fuerzas de vigilancia» y la Junta de Extremadura, que a través de su Consejería de Medio Ambiente y de Sanidad , «no están actuando como les mandata» el Decreto 171/2016 de 18 de octubre.
Este decreto establece en su artículo 6 que el control y las inspecciones sobre trazabilidad de uvas y aceitunas que eviten los robos de las mismas corresponde a «las Consejerías con competencias concurrentes en materia de agricultura y salud pública», que son quienes «llevarán a cabo sistemas de controles coordinados para velar por el cumplimiento de la legislación agroalimentaria», según informa la Unión en nota de prensa.
Asimismo, la organización agraria ha sostenido que «como en años anteriores» vienen denunciando el robo de productos agrícolas en el campo puesto que es «prácticamente imposible» vigilar las explotaciones, ya que en la región hay 300.000 hectáreas de olivar y 80.000 de viñedo, aunque sí es «fácil vigilar los puestos de recogida de estos productos y determinar que producto es robado y cuál es de producción propia».
Por otro lado, la Unión ha manifestado que los agricultores se sienten «impotentes todas las mañanas» cuando asisten a olivos recolectados por la noche y entregada su producción en los cuatro o cinco puestos de recogida de mercancía robada «sin que ni la Guardia Civil ni la Junta de Extremadura realice ninguna actuación significativa».
En esta misma línea, la organización agraria ha asegurado que el Decreto 171/2016 para «lo único» que sirve es para «denunciar al agricultor que se ha olvidado de rellenar el impreso que se exige en el mismo», ya que «está claro que al ladrón de aceituna el que se le imponga una sanción por no rellenar un impreso le trae bastante al fresco».
Por ello, la Unión de Extremadura ha instado a la Delegación del Gobierno y a los titulares de las Consejerías de Medio Ambiente y de Sanidad a que se coordinen y a que «cierren de una vez por todas los puestos de recogida de productos agrarios robados», para lo que la organización agraria va a remitir a los ayuntamientos de zonas productoras de aceitunas «una propuesta» para que en sus plenos «aprueben una moción exigiendo a ambas administraciones que cumplan con su cometido».
