En concreto, se trata del espacio protegido ZIR Embalse de Orellana y Sierra de Pela, que además cuenta con protección de la Unión Europea al ser designado espacio de Red Natura 2000 y a nivel internacional por el Convenio RAMSAR que incluye al Embalse de Orellana.
Los presuntos hechos, realizados por uno de los máximos responsables de ASAJA en Extremadura, han consistido en un llamamiento a través de las redes sociales para que los afiliados a esta organización agraria realicen una concentración de protesta ante el centro de trabajo de un agente de medio natural, al que califican de dañino para sus intereses. También se propone una recogida de firmas (a través de diversos grupos de whasap) en contra de este funcionario público con la intención de presionar para que sea trasladado a otra zona de Extremadura, “donde haga menos daño” se recoge el texto.
Es conocida la fuerte oposición contra la declaración como Reserva de la Biosfera de La Siberia de los máximos dirigentes de ASAJA en Extremadura y al parecer dicha oposición puede estar detrás de esta presunta radicalización de sus actuaciones.
En primer lugar, mostramos nuestro apoyo a todos los Agentes del Medio Natural de Extremadura, y muy especialmente al Agente implicado en estos hechos. Los insultos, amenazas e incluso agresiones sufridos por este colectivo se han disparado en los últimos años, solamente por cumplir con el cometido que les asigna la sociedad de velar por el medio ambiente, un bien que es de todos.
Recordar que estos funcionarios son agentes de la autoridad y policía judicial genérica según la vigente ley de montes. Por lo que solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente que dé cobertura legal a este trabajador y le preste asistencia letrada para acudir a los Tribunales de Justicia, si se estima procedente.
Por último, instamos al los máximos dirigentes de ASAJA en Extremadura a que expliquen estos presuntos hechos, y de ser ciertos, a que rectifiquen y pidan disculpas públicamente, instando a sus asociados a respetar a los agentes de medio natural. De lo contrario, estas actitudes pueden llevar a que se agraven las situaciones conflictivas en la zona y desemboquen en unos hechos mucho más graves, que serían enteramente de su responsabilidad. Alguien que ostenta un cargo de representación no puede hacer un llamamiento público a perseguir o acosar a agentes de la autoridad y si lo hace, debe asumir las consecuencias.
