El consejero ha indicado que desconoce «si será desfavorable o favorable» dicha declaración, así como las medidas que exigirían los técnicos en este último caso, pero ha insistido en la «obligación» del Ejecutivo regional de continuar con la tramitación del proyecto.
«Ignoro por completo si será desfavorable o favorable. Y si fuera favorable, no sé qué medidas preventivas, correctoras o compensatorias exigirán los técnicos; pero queremos que haya declaración» ha dicho Navarro en su comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea de Extremadura para informar del procedimiento administrativo de este proyecto.
José Luis Navarro ha subrayado que la Administración regional debe «respetar» los derechos tanto del promotor como de las personas que se vean afectadas por el proyecto y para ello tiene que «aplicar la legislación de forma rigurosa, objetiva y transparente», como ha señalado que se está haciendo «cumpliendo los plazos previstos».
CRÍTICAS AL «RECHAZO FRONTAL» DEL PP
El titular extremeño de Economía ha criticado el «rechazo frontal» del PP al proyecto de la mina de Valdeflorez cuando «todavía no» lo conocían y se ha referido a las declaraciones de alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, en las que pedía darle «carpetazo» para preguntar por su «cambio de opinión» al respecto.
En cuanto al proceso administrativo en que se encuentra el expediente, Navarro ha explicado que en enero la empresa Tecnología Extremeña del litio presentó la documentación referente a su solicitud de concesión de explotación de la mina de Valdeflorez incluyendo el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el Plan de restauración. Paralelamente, ha solicitado la autorización ambiental unificada (AUU) correspondiente en la Dirección General de Medio Ambiente.
En estos momentos los técnicos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas están analizando si la documentación cumple los requisitos legales y si el proyecto es adecuado al aprovechamiento racional del recurso definido por la investigación.
En el caso de que resultara correcta, se abriría un periodo de información pública no inferior a 30 días hábiles, para que todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas o vinculadas con el medio ambiente, puedan expresar su opinión.
Según ha informado Navarro, se trata de un paso previo a la DIA que deberá resolver la Dirección General de Medio Ambiente, así como la AUU que está condicionada por la viabilidad urbanística, cuya competencia corresponde al Ayuntamiento de Cáceres, que deberá resolver la solicitud de modificación puntual de Plan General presentada por la empresa.
REUNIÓN CON LA ALCALDESA
Navarro ha dicho que mantuvo una reunión con la alcaldesa este asunto en la que le pidió que «no politizara un proyecto privado», un encuentro en el que Nevado «no habló para nada» de «carpetazo» y tras el cual la Junta aportó documentación al ayuntamiento.
El consejero ha preguntado a los ‘populares’ «cómo se puede materializar en este marco legal la petición de la alcaldesa de que la Junta dé carpetazo al proyecto». Además, ha criticado que «el PP «utilice los proyectos privados en función de los intereses electorales», lo cual «inquieta» a «muchos empresarios», ha asegurado.
«Cumpliremos la ley, respetaremos escrupulosamente los derechos de ambas partes, no atenderemos la petición de carpetazo y continuaremos la tramitación de manera normal», ha dicho el consejero, quien ha apuntado por otro lado que todo este procedimiento «puede tener una duración próxima a los dos años».
«Cualquier proyecto privado tiene el derecho a ser evaluado ambientalmente, grande o pequeño, con independencia de si genera mucho o poco empleo», ha enfatizado. Además, ha asegurado que la Junta facilitará que «se conozca» el proyecto, de modo que «las opiniones de todos tendrán que ser valoradas por la empresa».
POSTURA DE LOS GRUPOS
En su intervención, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha dicho que el proyecto de mina de Valdeflorez «atenta contra el pulmón, y contra la esencia y contra el sentimiento» de la ciudad de Cáceres y ha preguntado al consejero si «ha visto a la gente salir a la calle» en la capital cacereña.
Según Monago, Navarro «se escuda» en un trámite administrativo y ha considerado que «no ha explicado absolutamente nada» sobre este asunto en su comparecencia. En su opinión, este tema es «un mojón», como en su opinión «lo fue» el PIR de Valdecañas, y ha asegurado que «le va a doler la cabeza» al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, «con la tramitación administrativa» del proyecto.
Tras criticar que Navarro le «eche el mochuelo» al ayuntamiento cacereño, el presidente del Grupo Popular ha dicho que el consejero «movió ficha desde el principio» con este proyecto, «tiene mucho interés en avanzar en este proyecto» y «ha generado expectativas».
En este sentido, ha indicado que la empresa que quiere explotar la mita de Valdeflorez es «la empresa que se queda con la mina de Aguablanca» donde «no han empezado» las extracciones. Además, Monago ha preguntado qué ocurrirá con el «cráter» que quedará tras la explotación de la mina de litio.
Por su parte, el diputado de Podemos Eugenio Romero Borrallo ha criticado la «opacidad» y «secretismo» que, en su opinión, existe entorno a este proyecto para el que, a su juicio, la Declaración de Impacto Ambiental que otorgue la Junta «debe ser negativa».
Para Romero, es un proyecto «insostenible» con «falsas promesas de empleo» que «ignora el prejuicio que tendría para los ciudadanos de Cáceres» y que cuenta con una «fuerte oposición».
El diputado de la formación morada ha indicado que hay caminos abiertos ilegalmente por la empresa en las inmediaciones de la mina «sin permiso de los propietarios» y ha pedido a la Junta anular el permiso de investigación a la empresa.
La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha pedido «prudencia» sobre este asunto y ha pedido a la Junta que «sea lo más rápida posible» en los trámites del proyecto, al tiempo que ha añadido que «no entendería» que se pueda «dar carpetazo» a este asunto sin tramitarse antes.
Para Ciudadanos, este es un tema de «impacto social» para Extremadura y «especialmente» para la ciudad de Cáceres, por lo que el hecho de que «se opine» sobre este tipo de cuestiones «no hay que tenerlo en el concepto peyorativo de la política».
Así, Domínguez ha insistido en que los trámites se hagan «a la mayor celeridad posible» porque, si este tema se demora, «se va a enquistar» en la sociedad extremeña, y ha reclamado no «politizar» el expediente.
Por su parte, el diputado del PSOE Andrés Moriano ha considerado que la comparecencia del consejero ha dado «cordura» y «solemnidad» sobre este asunto y ha valorado la postura de la Junta de «salvaguardar los derechos» de ambas partes, empresa y ciudadanos, a lo que ha añadido que habrá que atenerse al resultado final del procedimiento que debe emitirse.
Moriano ha aludido a la «importancia» del «papel» de la alcaldesa, Elena Nevado, de quien ha dicho que se ha posicionado «radicalmente en contra» del proyecto «sin tener aún en sus manos la documentación precisa» al haber sido «inducida» por el presidente de su partido.
Según el diputado socialista, en el PP «no están serenos» para tratar sobre este asunto y ha pedido a los ‘populares’ «responsabilidad y defensa de los intereses generales» de la región.
