El sector agrario español vive momentos muy difíciles. Aunque bastantes dirigentes de la política española parecen ignorarlo, el sector agrario se configura como un sector estratégico en la economía de nuestro país, siendo insustituible para asegurar la soberanía alimentaria de los españoles y de los millones de turistas que nos visitan.
Un alto número de explotaciones agrarias de diverso tipo y especialmente granjas de vacuno de leche, de producción de huevos o de carne de abasto, abandonan la actividad ya que la relación coste – beneficio está disminuyendo su capacidad de pago y no pueden seguir produciendo a pérdidas. Pero también el problema afecta a otro tipo de explotaciones que se mueven en el límite de la rentabilidad y tienen un futuro poco halagüeño si las circunstancias no cambian en un breve plazo.
Los motivos que dan lugar a esta situación son diversos y se concatenan para generar la difícil coyuntura por la que atraviesa el sector.
La primera causa, y en mi opinión la más importante, es el desmesurado incremento del coste que han experimentado los insumos que las explotaciones agrarias necesitan para obtener sus productos.
El primer “meneo” se produjo en el año 2008 con la supresión de las tarifas eléctricas especiales de riego R0 y R1 que daban lugar a unos costes razonables para las explotaciones de regadío. Estas tarifas desaparecieron, bajo la promesa de que la liberación de tarifas en el sector eléctrico produciría una reducción en el importe de las mismas. Ocurrió todo lo contrario y el coste del término de potencia se elevó en un 1.000 % y el término de energía también se encareció. El resultado fue que el coste de la electricidad en los regadíos se duplicó.
A partir de aquí, y tras un período de una cierta estabilización, desde comienzos del año 2021 y debido a circunstancias en la globalización y a la guerra de Ucrania de febrero de 2022, a la que se echa la culpa de todos los males sin tenerla, se han producido unas desmesuradas subidas de costes de los insumos, con gran alborozo de los especuladores.
Con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre octubre del año 2021 y el mismo mes del año 2022, los costes de los insumos agrarios han experimentado la siguiente variación: Piensos compuestos: + 32,46 %; Alimentos para el ganado: +33,03 %; Fertilizantes: + 54,01 %; Productos fitosanitarios: +20,21 %; Carburantes: +63,42 %; Semillas y Plantones: +3,12 %. Solamente la electricidad había disminuido un 11,49 % en este período, pero tras unas espectaculares subidas experimentadas con anterioridad. A todo esto, hay que sumar el incremento de los costes laborales por el alza en el importe del Salario Mínimo Interprofesional.
Los costes de producción también se han elevado en los procesos industriales, necesarios para obtener los productos transformados y esto produce subidas de los precios finales en la cadena alimentaria.
Otra razón que justifica la situación del sector agrario, es la deriva ambientalista por la que caminan la totalidad de las normas emanadas de la UE, como la Estrategia de la Granja a la Mesa, la nueva PAC o la Directiva Marco del Agua (DMA) sobre cuyas disposiciones se basan los planes hidrológicos.
En toda esta normativa comunitaria hay una presión ambiental excesiva sobre el sector agrario al que se obliga, en base a la concesión de unas subvenciones que año tras año van a la baja, como es el caso de la nueva PAC, a llevar a cabo una serie de prácticas ambientales, denominadas eco regímenes, que traen como consecuencia la reducción de producciones. Puede estimarse una posible baja en la producción en torno a un 15 % según diversos autores. Esta disminución de la oferta supone una tendencia a la elevación de precios para los consumidores. Que ya lo están pagando por la subida del coste de la cesta de la compra. Un 15,7 % en el año 2022.
También se establecen para el año 2030 limitaciones poco racionales, fruto de un ecologismo que parece responder a espurios intereses, en la utilización de fertilizantes o fitosanitarios, reducción en el tamaño de las granjas de producción intensiva y en una apuesta desorbitada por la agricultura y ganadería ecológicas, objetivos que tienden a la disminución de las producciones y al encarecimiento de los productos en origen y, por consiguiente, a través de la cadena agroalimentaria, en destino.
El panorama se completa con las limitaciones que los caudales ecológicos de nuevo cuño, al considerarse como restricciones previas a los sistemas de explotación, suponen para el resto de usos, de los cuales el principal afectado es el regadío.
Es razonable que se mejore la eficiencia del riego y en este sentido el regadío español ha respondido al reto, y llevado a cabo un profundo proceso de modernización, de modo que hoy día España es junto a Israel el país que, proporcionalmente, más riego de alta eficiencia tiene instalado.
Esta modernización se ha llevado a cabo, en base a presurizar los riegos y gastar más energía para poder ahorrar agua y usarla de un modo más eficiente. Pues bien, hecha la modernización se produce una desmesurada subida de los precios de la energía, y, en consecuencia, un incremento del coste de uno de los insumos más importantes de las explotaciones, lo que tiende a que los precios de los productos se incrementen en perjuicio del futuro consumidor en destino.
Algunos ideólogos del radicalismo ecologista apelan a la globalización como solución de todos los males del sector agrario y agroalimentario. No se dan cuenta de que en el momento que la alimentación española pase a depender de países terceros, no tendremos el control ni de la cantidad, ni de la calidad y trazabilidad, ni de los precios de los alimentos. Les invito a que reflexionen sobre el hecho de que los países más potentes mantienen sectores agrarios que les aseguran su soberanía alimentaria. Ellos consideran al sector agroalimentario como estratégico. Aquí, vamos por el camino contrario.
