La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx de fecha 28 de julio, a la que ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, llega cuando ya hay otro contrato con otras dos empresas para finalizar las obras.
La Sala confirma por tanto la sentencia del 5 de diciembre de 2016 del Juzgado Contencioso número 1 de Mérida y anula la resolución del SES por el que resolvía el contrato con la UTE formada por las empresas Joca, Placonsa y FCC para la construcción del nuevo hospital.
También sentencia que la Junta tendrá que devolver las garantías y avales incautados a la UTE y pagar los intereses legales de las cantidades ejecutadas.
Además, deja sin efecto la liquidación derivada de la resolución del contrato que arrojó un saldo a favor de la administración de 5.028.436 euros y en la que se acordó la incautación de los avales de acopios hasta 1.152.008 euros.
La Sala detalla que «no basta con que se incumpla el plazo de ejecución para acordar la resolución del contrato, además se debe dar el hecho de que el retraso sea imputable a la UTE».
De los informes periciales y demás pruebas examinadas, según la sentencia, se desprende que «no existe, en absoluto, un incumplimiento culpable del contratista en la ejecución del contrato, sino que se deben a deficiencias del propio proyecto de obras que era incompleto o de las propias paralizaciones propuestas por la dirección facultativa o por el propio SES».
De ahí, prosigue el fallo, «que se declare que la obra no pudo acabarse por no estar definidas numerosas partidas de obras o por estar otras suspendidas»
Prueba de ello, continua, es la presentación en el 2015 del proyecto para la terminación de la primera fase del hospital que ponen de manifiesto el «retraso en el pago de certificaciones de obra, aumento de unidades de obra del proyecto no ejecutadas, unidades de obra nueva no previstas en proyecto y ejecutadas o paralizaciones en zonas por orden de la Administración».
Además, el TSJEx destaca en la sentencia que las consignaciones presupuestarias para la obra de construcción del hospital de Cáceres en los ejercicios 2012 y 2013 eran de 361.210 euros, que iban destinados a un proveedor ajeno a la obra contratada con la UTE.
De esta forma resalta que «no existía» en el 2013 consignación alguna, cuando la obra precisaba de un mínimo de entre 12 ó 15 millones para su terminación, «no entendiéndose en este sentido la actuación de la Administración demandada».
La sentencia sale cuando la obra está pendiente de la finalización de su primera fase con una nueva UTE formada por las empresas San José y Magenta.
