CCOO de Extremadura cree que la anunciada modificación de la ley que regula el Consejo Consultivo supone «abundar en una metedura de pata aún mayor» y alerta del «agravio comparativo» que ocasionará con los más de 90.000 empleados públicos en la región que «por ley tienen incompatibilidad». El Gobierno extremeño reformará la ley y la adaptará al Estatuto de Autonomía y al Estatuto de Altos Cargos para delimitar el régimen al que están sujetos sus miembros y, sobre todo, las incompatibilidades que se derivan del desempeño de sus puestos.
Julián Carretero, critica que si a partir de ahora los miembros del Consejo Consultivo pueden «cobrar por prestar servicios a terceros, administraciones públicas o entidades privadas, van a tener una posibilidad que no tienen los funcionarios públicos».
Así, subraya que un letrado de la Junta o un profesor de la Universidad, en definitiva, cualquier funcionario público «va a ver restringido y se va a ver discriminado de manera negativa en ese sentido», con lo que es «un atentado clarísimo y un agravio comparativo con los más de 90.000 empleados públicos» de la región.
Carretero recuerda que la esencia de la función pública es la «exclusividad» y el hecho de que «se rompa por un apaño político en el tema del Consultivo es denigrante».
El líder sindical opina que la Junta «ha forzado excesivamente» al Consejo Consultivo para que tome una decisión «totalmente arbitraria y fuera de toda lógica política y jurídica» en lo referido al caso del actual consejero de Hacienda, Clemente Checa.
«Ahora es una metedura de pata política de primer nivel forzar aún más esa situación promoviendo un cambio legislativo», considera Carretero y menciona que ello supone dar «carta de naturaleza para lo que no se podía hacer hasta ahora, hacerlo a partir de ahora».
En su opinión, este hecho tiene además «dos graves consecuencias políticas», cuestionándose así si el propio Consejo Consultivo va a dictaminar sobre esa modificación legal que afecta a sus miembros, o tendría que hacerlo otro órgano por ejemplo el Consejo de Estado, pues lo primero sería «ya forzar demasiado la máquina».
En segundo lugar, precisa, el Consejo Consultivo «se ha degradado totalmente» y estima que su «presidente bien haría el replantearse si tiene que seguir al frente del mismo, así como el resto de sus miembros».
Para el secretario regional de CCOO, el Parlamento extremeño tiene que intervenir en este asunto «tan grave», por el que no puede «pasar de puntillas y no puede haber tácticas de los grupos parlamentarios», sino que deben abordarlo con «sensatez y seriedad», mucho más cuando la ciudadanía reclama regeneración democrática.
