Aprobada una moción que pide destinar recursos ante la violencia de género

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado con los votos del PSOE y del PP una moción conjunta con motivo de la celebración, el próximo miércoles 8, del Día Internacional de la Mujer y en la que piden destinar los recursos «necesarios» a las políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia de género, así como reforzar la prevención de esta última y hacer «especial hincapié» en «evitar» la violencia en los jóvenes.

La moción también reclama al Gobierno de España la puesta en marcha en los juzgados especializados en violencia de género del acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y el procedimiento «más seguro» en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso y «reponer» los organismos y políticas específicas de igualdad «que sean necesarias».

En la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero los dos grupos de la diputación también han votado favorablemente a la firma de distintos convenios de colaboración con la Junta de Extremadura o con la Asamblea y a dos acuerdos adoptados por el Consejo Rector del Organismos Autónomo de Recaudación (OAR).

El primero de estos acuerdos se refiere a la supresión de la delegación de competencias del Ayuntamiento de Sancti-Spiritus en relación a la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos por derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, y el segundo a un convenio de colaboración a suscribir en materia de gestión catastral con la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro).

BECAS Y AYUDAS PARA EL ESTUDIO

En el pleno también ha salido adelante con los votos positivos del PSOE y la abstención del PP una moción presentada por los socialistas para instar al Gobierno a promover actuaciones en materia de becas y ayudas para el estudio.

El portavoz socialista, Saturnino Alcázar, ha lamentado la «incertidumbre» que tienen los estudiantes cuando inician el curso dado que «incluso sabiendo que van a tener una beca» no saben cuál va a ser la cantidad con la que van a poder contar «en función» de los Presupuestos Generales del Estado y de las partidas que se asignan a becas.

De esta manera, ha defendido que se «adelante la decisión de la asignación de las becas» para que no tengan «esa incertidumbre» y «combatir, de alguna forma, la salida masiva de muchos estudiantes» que han dejado el sistema educativo al exigir una nota media de 5,5.

En su turno de réplica, el portavoz del Grupo del PP, Juan Antonio Barrios, ha considerado que la situación ha cambiado en el Parlamento y que, como no hay un gobierno con mayoría absoluta, la política y en concreto la educativa y de becas «se tiene que consensuar» por lo que, junto a instar al Gobierno, estaría «bien» que instaran a sus compañeros en el PSOE a que «consensúen» y que «intenten llegar a un acuerdo» para que esta petición relativa a las becas llegue «a buen puerto».

De igual modo, ha resaltado que desde el Grupo Socialista «siguen pidiendo» al Gobierno de la nación «lo que aquí en Extremadura no hace» el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, tras lo cual ambos portavoces han intercambiado sus pareceres sobre las medidas adoptadas en materia de educación, comedores o transporte escolar por los gobiernos de Vara y José Antonio Monago.

El debate lo ha cerrado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, para quien esta moción pretendía reivindicar «de forma conjunta» las becas, pero el PP «echa balones fuera cuando habla de que ahora hay que estar a los grupos» dado que el Gobierno de España, cuando las distintas formaciones parlamentarias «se ponen de acuerdo para impulsar acciones de este tipo», «las vetan» porque «tiene la capacidad de veto para que no se cumplan».

«A quien realmente hay que reivindicar esto es al Gobierno de España», ha defendido Gallardo que, al mismo tiempo, ha aseverado que «lecciones en Educación a los gobiernos socialistas por parte del PP cero» y, a nivel regional, ha criticado el «desgobierno» de Monago porque «hay que ser muy mal gobierno para que los ciudadanos te den la confianza» y perder las elecciones cuatro años después.

En su opinión, la «diferencia» entre Vara y Monago es que el primero «venía de un gobierno de 28 años» y el PP en Extremadura «en cuatro años los ciudadanos le dan la oportunidad y se la quitan», y ha añadido que los ‘populares’ «se dedicaron a los escenarios de colores, las luces de neón, las grandes parafernalias que quedaban muy bien» pero «no resolvían los problemas de los ciudadanos».

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

En el pleno se ha debatido una tercera moción presentada por los ‘populares’ y que ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE. En la misma se insta a los grupos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales a sentar las bases y alcanzar los acuerdos necesarios que permitan llegar a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

También proponen impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local que cumpla con las expectativas que los municipios llevan reclamando hace tiempo, acerca de lo cual Saturnino Alcázar ha dicho que está de acuerdo con «parte» de la moción, pero que con su texto «se pretende chantajear a este grupo para que el PSOE apoye en Madrid los Presupuestos Generales del Estado» y, además, «el argumento no tiene que ver nada con la propuesta».

Juan Antonio Barrios ha defendido por su parte que con los presupuestos se aprueban las cuentas y las «grandes» líneas económicas que deben regir ese año, así como que Mariano Rajoy ha dicho que le gustaría negociarlos con el PSOE al ser el principal partido de la oposición y una formación que ha gobernado en España y que ha traído «grandes avances» a la nación. «No podemos quedar la oposición del Parlamento en manos de los populistas», ha incidido.

Gallardo ha cerrado de nuevo el debate al afirmar que se trata de una «moción trampa e incongruente» dado que es el Gobierno quien tiene que negociar los presupuestos y con la misma se pretende que desde los ayuntamientos y las diputaciones «se haga el trabajo» a Rajoy, cuyo Gobierno puede derogar las leyes de Racionalización y Estabilidad Presupuestaria.