Así lo ha explicado la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia pública tras conocerse este lunes la sentencia del Tribunal Constitucional.
De esta forma, el Alto Tribunal ha respaldado el modelo de fiscalidad verde de la Junta de Extremadura, en referencia al Impuesto Extremeño de Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente desde el ejercicio 2010 en adelante.
La vicepresidenta ha destacado que la Junta de Extremadura ha ejercido su responsabilidad fiscal para que las grandes empresas contribuyan a la Hacienda autonómica y al sostenimiento de los servicios públicos fundamentales.
Para ello, el Gobierno regional ha buscado ámbitos que no están gravados y ha promovido la inclusión de criterios extrafiscales, como la protección y conservación del medio ambiente.
Esta sentencia da la razón a la Junta de Extremadura en su propuesta de fiscalidad verde, al igual que avaló el impuesto a la banca, ambas medidas pioneras en al ámbito nacional, y que, según ha remarcado la vicepresidenta, este Ejecutivo ha defendido hasta la última instancia.
El Ejecutivo autonómico estima que este impuesto ha permitido recaudar más de 670 millones de euros entre 2010 y 2018.
